La caída generalizada en la actividad económica ha tenido un notorio impacto en la reducción de la demanda de energía, provocado un verdadero terremoto en el sector y afectando a todos los eslabones de la cadena de valor.
El sector energético parece ser uno de los más afectados por la Pandemia. La caída generalizada en la actividad económica ha tenido un notorio impacto en la reducción de la demanda de energía, provocado un verdadero terremoto en el sector y afectando a todos los eslabones de la cadena de valor.
No se encuentra ajeno el último de los eslabones en la cadena del gas natural en Perú, la distribución. Especialmente afectada por el hecho de estar directamente expuesta al mercado, y con una regulación altamente encorsetada.
Los distribuidores de gas natural en Perú han sufrido varios de estos impactos:
- Brusca caída de su demanda global.
- Altos índices de morosidad.
- Incumplimientos contractuales de grandes clientes aduciendo fuerza mayor.
- Peores condiciones financieras en el “passthrough”.
- Congelamiento tarifario.
Los dos primeros aspectos parecen ser generalizados en Latinoamérica al menos, siendo los últimos tres característicos del mercado peruano.
Como se mencionó, la caída de demanda no es algo particular del caso peruano. Desde la última semana de marzo, cuando el aislamiento social obligatorio fue decretado a nivel nacional en Argentina, su sistema gasífero ha sufrido importantes reducciones de demanda. Uno de los sectores más afectados es el segmento industrial, quien pasó de despachar 485 MMm3 durante la primera semana de marzo a 296 MMm3 la primera semana de mayo.
En la gráfica siguiente se expone el efecto interanual de la pandemia en los distintos segmentos de mercado.
En Brasil, ABEGÁS[1], ha presentado una reducción de consumo de gas natural por la pandemia que llega a un 30% con variaciones de importancia dependiendo del estado. El mercado más afectado es el comercial que ha sufrido una caída del 60% de su consumo y le sigue el mercado de GNV con un 50% de reducción.
Regresando al caso peruano, si se analiza Cálidda, la perdida interanual de volumen distribuido para el mes de abril es del 79%, siendo la categoría de generación eléctrica la más afectada con una reducción de su demanda de 88%. El impacto total y por segmento se muestra en la figura siguiente.
Para no quedarnos solo con el caso de la distribuidora más importante y tomar un ejemplo de las distribuidoras de menor escala, en la figura siguiente, se muestra el efecto de la pandemia sobre la demanda de la distribuidora Naturgy.
No solo el efecto de la demanda complica la sostenibilidad del sector, los niveles de morosidad que están manejando las distribuidoras de gas natural alcanzarían a finales de abril cifras récord. Estimándose, por ejemplo, en Argentina un nivel de alrededor de un 35% en el mercado industrial y de 25% en los residenciales, con una paulatina reducción de dichos niveles, en función de la apertura de mayor cantidad de centros de cobro y de una incipiente apertura del aislamiento.
Las distribuidoras peruanas también son afectadas por este fenómeno, Cálidda, por ejemplo, está experimentando una morosidad del 42% acentuado a 63% en el mercado de pequeños clientes, mientras que Naturgy enfrenta una morosidad que alcanza el 46% en el mercado residencial y 25% en el industrial.
Ahora bien, hay cuestiones que estamos observando solamente en Perú, el primero de estos aspectos es el de la aplicación de la fuerza mayor por parte de los clientes generadores eléctricos e independientes, también con una situación financiera compleja, que no están honrando el pago de sus reservas de capacidad y que, en su lugar, de manera contraria a lo establecido en sus contratos, están pagando solamente sus consumos efectivos.
Por otro lado, en cuanto al “passthrough”, los distribuidores se ven obligados al pago del suministro y del transporte del gas natural a sus respectivos proveedores, sin la posibilidad de excepción alguna, cuando en realidad vienen enfrentando la mayor crisis de recaudación y falta de pago de su historia. El Estado Peruano se preocupó por proteger a los usuarios de la suspensión de los servicios públicos y del fraccionamiento de deudas, sin embargo, hasta el momento a los concesionarios nadie les da una mano.
Por último, el regulador peruano no aceptó aplicar los reajustes tarifarios correspondientes haciendo que la tarifa de distribución pierda valor real sin una perspectiva de recuperación. De acuerdo a lo mencionado por las distribuidoras, esta decisión no fue consensuada sino impuesta por OSINERGMIN.
Ahora bien, ¿cuáles son los impactos económicos en las distribuidoras de gas natural peruanas? Como venimos haciendo, analizaremos los casos de Cálidda y Naturgy en paralelo.
Para el caso de Cálidda, si se supone que el impacto de reducción mensual es de tres meses de cuarentena, la pérdida de ingreso total resulta en 13.5 MMUSD, siendo el mayor impacto en el mercado de GNV con una caída de ingresos de casi el 20%.
Esto empeora cuando sinceramos las pérdidas del distribuidor con la aplicación de la fuerza mayor por los generadores eléctricos, alcanzando en este caso una caída de ingresos por 36.6 MMUSD.
El caso de Naturgy no es mejor durante esta pandemia, su demanda industrial ha caído en un 51% y su ingreso en 1.6 MMUSD. Además, el nivel por morosidad que está sufriendo es cercano a 0.9 MMUSD, empeorando la situación de la, de por sí, castigada distribuidora.
En los dos análisis precedentes no se ha considerado aún la incidencia del congelamiento tarifario o del “passthrough” ambos problemas de importancia.
Y a todo esto el lector dirá: es cierto todo lo presentado, el negocio de distribución de gas natural tuvo tal impacto, pero este impacto está en línea con la totalidad de la economía peruana. Esta reflexión es parcialmente correcta, cierto también es que, producto de su regulación o por compromisos contractuales, las obligaciones sobre inversiones y conexiones de usuarios de las distribuidoras no han sido relajados. Y aquí es donde el regulador, a mi entender, debe salir de la pasividad.
La perturbación sobre el plan de negocios regulado provocado por esta pandemia no puede ser considerada como riesgo de mercado, y estar, por lo tanto, cubierta en la tasa de remuneración. Esta perturbación es, por sus características, mayor, imprevisible e ingerenciable. Un regulador no puede ser pasivo ante ella y no abrir siquiera una mesa de análisis y negociación con los regulados.
Ahora bien, trabajando bajo la suposición que el regulador se involucra activamente en mitigar el efecto a sus regulados, ¿qué opciones tiene?
La primera opción, matemática, por cierto, es ajustar las tarifas de distribución para compensar las pérdidas. En particular pienso que es socialmente impracticable aumentar el precio a un consumidor final que, en algunos casos, ni siquiera está pudiendo afrontar los costos actuales.
La siguiente opción sería negociar una reducción de inversiones. Estaría en línea con una relajación del plan de inversión de éste, y eventualmente el próximo año. Esto serviría no solo para compensar la cuenta regulatoria de las distribuidoras, sino también para darle realismo a los planes anuales de inversión cuya magnitud difícilmente puedan ser alcanzados este año.
Sobre esto hay experiencia regulatoria que podemos revisar. En Argentina, hacia finales de 2019, el gobierno nacional decidió postergar para enero de 2020 el incremento tarifario agendado para octubre pasado, otorgando la facultad de presentar propuestas de reducción a los Planes de Inversiones Obligatorios (PIO), considerando la merma en los ingresos[2].
Una tercera opción, que podría aplicarse en combinación con la segunda, sería otorgar a las distribuidoras la posibilidad de utilizar parcialmente el mecanismo fondo de promoción de manera excepcional para cubrir las pérdidas de flujo. En este caso, como el anterior, el regulador debería realizar la cuenta regulatoria y la forma en cómo se usaría el fondo.
El regulador tendría la posibilidad de una herramienta adicional, generar un activo intangible que se transporte al siguiente período tarifario. Esto es, reconocer el impacto económico hacia las distribuidoras e indicarles que la compensación llegará en el siguiente ciclo tarifario. Sobre esta alternativa, también existen precedentes en las cuentas corrientes que llevaban en el pasado los reguladores de Santa Catarina y Paraná en Brasil.
Nuevamente, como referencia internacional, la situación actual en Brasil ha hecho que ya ABEGÁS esté solicitando dos medidas de emergencia: reducción de precio de molécula por parte de Petrobras (acordes a los bajos precios internacionales de energéticos) y la creación de un fondo de asistencia financiera para las distribuidoras para hacer frente a los problemas de creciente morosidad, con pérdidas permanentes de alrededor de 550 MMUSD.
Concluyendo, el negocio de distribución de gas natural en Perú, como gran parte de su economía, está sufriendo un impacto importante. Para algunas distribuidoras puede ser una gran pérdida económica y verse comprometidas a planes impracticables. Para otras, el tiro de gracia.
Creo que, ante esta situación particular, lo peor que se puede hacer es mirar hacia otro lado y desconocer los problemas que aparecieron. El sector de energía de Perú en particular, y los peruanos en general merecen un regulador y un ministerio activos que eviten un daño que puede tardar muchos años en revertirse o llevar al colapso a alguna empresa de distribución.
AUTOR:
Ernesto Coutsiers
Socio de Calden Consultoría
