Se trata de un acto deliberado y en un nuevo punto de la infraestructura, diferente al de los anteriores ataques.
Se trata de un acto deliberado y en un nuevo punto de la infraestructura, diferente al de los anteriores ataques.
El nuevo atentado contra el Oleoducto Norperuano (ONP) registrado hoy, hace necesario pedirle una vez más al gobierno que enfrente con mayor responsabilidad y compromiso el adoptar las medidas necesarias que la ley le faculta, para dar protección a este importante activo crítico racional y que evalúe con seriedad el grave daño económico, ambiental y reputacional que le significan al Perú este tipo de hechos.
Como ha informado Petro Perú, se trata de un acto deliberado y en un nuevo punto de la infraestructura, diferente al de los anteriores ataques.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tal como lo prevé la ley, deben prestar a la empresa las garantías necesarias para atender esta emergencia, controlar la fuga de crudo, contener los daños y rehabilitar la zona afectada.
Como gremio insistimos en la necesidad de que el gobierno lleve adelante una solución conversada con las comunidades, sin que ello signifique declinar a su deber de restablecer el orden y sancionar a quienes atentan contra la propiedad pública y privada y el cuidado del medio ambiente que es un valor colectivo.
Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos
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