Roberto Santiváñez: “Nos estamos quedando sin tiempo para afrontar y resolver los problemas estructurales del sector”

El Dr. Roberto Santiváñez Seminario, sostiene que la situación del sector eléctrico no es sostenible y que de no tomarse para resolver los problemas estructurales que le aquejan enfrentaremos pronto una crisis comparable a la del 2004-, con la diferencia que en aquella oportunidad las tarifas eléctricas no estaba comprometida a futuro para pagar cientos o miles de millones de dólares de ingresos garantizados de infraestructura eléctrica.

En una entrevista exclusiva para la Revista Energía.pe, El Dr. Roberto Santiváñez Seminario, especialista en asuntos regulatorios, financieros, transnacionales y de competencia en electricidad, manifiesta que la producción de electricidad en Perú presenta un déficit en la calidad y gestión del mercado eléctrico; y resalta que esta industria se presenta de manera positiva en una empresa eléctrica de provincia que de Lima.

“Lo que tiene que hacer el estado es cambiar un tipo de gestión con una orientación hacia el servicio, con una orientación a la optimización a la calidad y del beneficio para el usuario”, señaló.

¿Cómo encuentra la situación actual en el mercado eléctrico?

Fracturada y desadaptada, el mercado no funciona adecuadamente, la industria eléctrica peruana carece de atributos esenciales para desarrollarse de forma auto-sostenible sin necesidad de intervenciones o subsidios. Existe una fractura entre la oferta y demanda, hay sectores en el que la demanda es insensibles a la estructura de costos o la realidad de la oferta. Por que existen distintos mercados de electricidad para la oferta de generación, creados por distintas normas y regímenes particulares, que funcionan como bolsones independientes con distancias enormes en sus niveles de precios; del lado de la demanda, el mercado libre no está comunicado con el mercado regulado, por que forman precios de manera totalmente independiente.

De ahí vienen las empresas que están con contrato a corto plazo…

No necesariamente, los contratos de corto plazo -1 a 3 años- son consecuencia de la coyuntura de precios bajos para mercado libre, que justamente no se proyecta mantener mas allá de dichos plazos. Siendo principalmente el segmento de clientes con demandas entre 200 kW y 2500 kW, el que busca contratos de corto plazo, para capturar -en su legitimo interés empresarial- los precios bajos. Este segmento de clientes representa cerca de 30% de toda la demanda del Perú y puede optar entre mercado libre o regulado. Como es natural y evidente, dicho segmento captura los beneficios de los desbalances; cuando es un mercado de compradores, son libres, pero cuando cambia a un mercado de vendedores son regulados. La existencia de esta enorme masa de demanda que cambia de mercado impide que converjan en precios los mercados libre y regulado. ¿Es ello un problema? Por supuesto. ¿Es incorrecto de dichos clientes cambien según su interés? No, su comportamiento es absolutamente racional, respondiendo a los incentivos de una norma que les permite optar; lo que esta mal es la norma, en mi opinión debe existir un umbral objetivo y absoluto, el cliente deber ser libre o regulado.

¿Por qué es necesario que exista regulación para el funcionamiento de la industria eléctrica?

La industria eléctrica es regulada por la naturaleza propia de la electricidad, es una industria con activos específicos, altos costos hundidos y monopolios naturales, además de economías de escala, alcance y coordinación, para un commodity sui generis, la electricidad es el único commodity del planeta que su producción y consumo es instantáneo, viaja a la velocidad de la luz del productor al consumidor, pasando por transportistas y distribuidores a la velocidad de la luz. No hay otro artículo insumo esencial de la vida que tenga esa característica. Eso hace que tenga una estructura de organización industrial que te lleva a necesitar a que exista un balance perfecto en la producción, transporte, distribución y consumo.

Ello explico que la industria eléctrica se desarrolle por casi 100 años bajo un esquema de monopolios integrados verticalmente. En respuesta a la crisis de los modelos industriales para el sector y de la regulación por planificación centralizada, a partir de los años ochenta, se desarrollaron teorías de reorganización industrial y desregulación de la industria eléctrica, cuyo eje central era la independización de las funciones de planeamiento y operación, junto con la desintegración vertical para fomentar competencia a distintos niveles. La reforma de la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992 es parte de ello.

¿Existen problemas en la normativa del sector eléctrico?

Durante los últimos 12 años todas las medidas normativas implementadas han estado orientadas a resolver los efectos de los problemas estructurales del sector en lugar de enfrentar su causa raíz. Pareciera que las sucesivas autoridades políticas del sector midieran el impacto de sus decisiones exclusivamente en el horizonte de su permanencia en el cargo, lo cual es nefasto para una industria cuyos tiempos de desarrollo, ejecución, maduración y retorno de inversión se cuentan en décadas.

El Perú está en una situación absurda con sobreoferta de generación a niveles de muy alta tensión y al mismo restricciones y racionamiento en media y baja tensión. El déficit de inversión en infraestructura de sub-transmisión y distribución en gran parte de las provincias del Perú es enorme y la calidad de servicio eléctrico es malísima en casi la mitad de nuestro país.

Un claro ejemplo…

Por ejemplo, escuchamos y vemos como la crisis en Venezuela ha llevado a una falla eléctrica que ha tenido zonas sin servicio eléctrico por 6 días. En el Perú, sin crisis y en un estado de sobreoferta de generación, tenemos concesiones de distribución que registran, por un lado, hasta 35 interrupciones anuales promedio por cliente y, por otro lado, hasta 80 horas de duración promedio de los cortes; para una concesión de 350 mil clientes esto equivale a 12.25 millones de cortes al año y 2,800 horas de falta de servicio en tales concesiones. Estos son datos promedio y el impacto no es homogéneo en toda la zona de concesión, habrán zonas con promedio de duración de interrupción de unas cuantas horas y otras con días y semanas completas sin electricidad.  El inconveniente es que nadie se pregunta dónde está el problema para hallar la manera de solucionarlo.

¿Se trata de un problema de las distribuidoras de provincias que son estatales?

No es un problema que responda a estar en provincia o tener propiedad estatal. La empresa que tiene mejor calidad de servicio eléctrico del Perú, medida por Osinergmin, es Electro Dunas, distribuidora que atiende Ica y parte de Ayacucho y Huancavelica. Es un buen ejemplo, de cómo una empresa de provincia tiene mejor calidad de servicio que las de Lima.  Ello se debe a un buen modelo de gestión cuyos incentivos están alineados con objetivos de gestión medidos en calidad de servicio.

Electro Dunas es una empresa de propiedad privada, sin embargo, el personal que trabaja en la empresa proviene de las mismas universidades y escuelas técnicas que las de las demás distribuidoras de provincias, y la regulación que le aplica el Osinergmin para fijar tarifas y medir calidad es la misma.  ¿La diferencia de resultados se explica en la propiedad privada? No, la diferencia responde al modelo y objetivos de gestión que el MEF impone a las empresas de distribución estatales del ámbito del Fonafe, muchas de las cuales pagan al MEF dividendos proporcionalmente más altos que empresas privadas, a costa de inversión en calidad de servicio.

¿Es la solución privatizarlas?

No necesariamente. Privatización o APP pueden ser una solución, salvaguardando que el mecanismo de privatización preserve el objetivo fundamental del buen servicio al usuario eléctrico.  Otras soluciones sin considerar inversión privada, más complejas por cierto, implicarían cambiar el modelo de gestión de las empresas estatales -son muchos los buenos ejemplos de gestión exitosa de empresas estatales de servicios públicos-, la clave esta en estructurar un sistema de gestión donde estén lo mejor alineados posibles los intereses de cliente, empresa y dueño (privado o estatal) y los responsables de la dirección de la empresa sean medidos (premiados o cambiados) según alcancen dichos objetivos; además de independencia de los vaivenes de la política y los objetivos cortoplacistas de turno.